El Gobierno Abierto es “aquel que entabla una constante conversación con
los ciudadanos con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma
decisiones basadas en sus necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias,
que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo
de los servicios que presta, y que comunica todo lo que decide y hace de forma
abierta y transparente” (Javier Llinares).
Esta nueva forma de hacer gestión pública promueve por tanto, políticas
de transparencia, canales de participación ciudadana para el diseño e
implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma de decisiones) y
mecanismos que estimulen el aprovechamiento de las capacidades, de la experiencia,
del conocimiento y del entusiasmo de la sociedad para generar soluciones a todo
tipo de problemáticas comunes.
Las políticas de transparencia que se están impulsando en América
Latina, gracias a las legislaciones que han ido aprobando los Estados, son un
fuerte impulso para este enfoque de apertura y constituyen una genuina
oportunidad para fortalecer la democracia. Sin embargo, la transparencia y el
uso de las tecnologías de la información no bastan: es preciso prevenir los
riesgos que se apuntan en este trabajo y, en especial, afrontar el reto de
reformar la Administración Pública para adecuarla a las exigencias de una
democracia participativa y colaborativa.
Otro pilar fundamental de este nuevo modelo, es la gestión de la
información en formatos abiertos, comúnmente llamado “datos abiertos”, el cual
consiste en el acceso y uso de la información pública por parte de terceros
para entregar nuevos servicios a los ciudadanos. Se trata de poner a disposición de la sociedad, de manera libre,
gran cantidad de datos procedentes de diferentes organizaciones del ámbito de
la Administración Pública o de aquellos proyectos que han sido financiados con
dinero público. El objetivo de “abrirlos” a la sociedad es que ésta pueda sacar
provecho de ellos ya que las organizaciones que los ofrecen no pueden, no
quieren o simplemente no tienen la capacidad de analizarlos o de procesarlos.
Ponerlos a disposición de la sociedad hace que cualquier persona u organización
pueda construir sobre ellos una nueva idea que resulte en nuevos datos,
conocimientos o incluso servicios. Se trata entonces, de abrir una puerta a la
innovación y al conocimiento así como ofrecer nuevas oportunidades de negocio
pues aprovecha la gran riqueza de información
que se encuentra en manos de la administración pública. Las distintas
reparticiones públicas poseen gran cantidad de fuentes de información que
utilizadas de manera creativa y combinándolas adecuadamente con otras fuentes
permiten crear aplicaciones de valor añadido.
Existe una inicativa multilateral denominada “La Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA)” lanzada en 2011 cuyo objetivo es impulsar los
principios del Gobierno Abierto en los países del mundo. Se trata de un
reciente esfuerzo global para ampliar la frontera en la mejora del desempeño y
de la calidad de los gobiernos. Sus fundamentos se encuentran en el hecho de
que los ciudadanos desean gobiernos más transparentes, efectivos y que rindan
cuentas, con instituciones que robustezcan la participación de la sociedad y
respondan a sus necesidades y aspiraciones. De este modo, la AGA se configura
como una iniciativa cuyos esfuerzos se orientan a propiciar compromisos
concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la
participación ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos,
combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la
gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos (Ramírez-Alujas y
Dassen, 2012).
Para ser miembros de la AGA, los países participantes deben
confirmar su acuerdo en cumplir con las cuatro expectativas comunes que le dan
sustento a la iniciativa:
a)
Suscribir la
Declaración de Principios sobre Gobierno Abierto y aprobarla al más alto nivel.
b)
Asumir
compromisos concretos, mediante la elaboración e implementación de un plan de
acción nacional que se extiende más allá de las prácticas actuales en
desarrollo y que debe ser llevado a cabo a través de un proceso de consulta con
las múltiples partes interesadas y con la participación activa de los
ciudadanos y de la sociedad civil.
c)
Comprometerse
a un informe de evaluación a cargo de una panel de expertos independientes
sobre el progreso del país en el cumplimiento de los compromisos incluidos en
el plan de acción, y
d)
Contribuir a
la promoción del gobierno abierto en otros países mediante el intercambio de
mejores prácticas, conocimientos y asistencia técnica, tecnologías y recursos,
entre otros.
Por tanto, los países deben concretar compromisos específicos a través
de planes de acción que deberán reflejar y estar guiados por cuatro principios
centrales de gobierno abierto propuestos por la AGA: (1) transparencia; (2) participación ciudadana; (3) rendición de
cuentas; e (4) innovación y
tecnología. Esto es:
1.
Transparencia: La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental
deben ser abiertos, completos, oportunos, gratuitos y de fácil acceso para el
público. Ello supone que los datos públicos deben cumplir con parámetros y
estándares comúnmente reconocidos, tales como estar disponibles en formato
brutos, susceptibles de ser procesados, que puedan ser accesibles a través de
herramientas tecnológicas y de comunicación, etc.
2.
Participación Ciudadana: Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e
involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados (aportando
información y espacios de consulta) y mediante contribuciones que conduzcan a
una gobernanza más efectiva, innovadora, responsable y que atienda las
necesidades de la sociedad.
3.
Rendición de cuentas: Supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos
para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a
requerimientos y/o críticas que se les planteen, y asuman la responsabilidad
por sus actos u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los
compromisos asumidos.
4.
Innovación y Tecnología: La idea de que los gobiernos han aceptado y hoy se adhieren a
constatar la importancia de proveer a la ciudadanía un acceso cada vez más
abierto a la nuevas tecnologías, y el relevante rol que ellas tienen en la
innovación, así como la importancia de éstas para aumentar la capacidad de los
ciudadanos en el uso que de ellas hacen.
La
convocatoria y el llamado a integrar los principios del gobierno abierto han
tenido una sorprendente respuesta a nivel mundial y, particularmente, América
Latina y el Caribe constituyen un caso excepcional en la materia. De los 65
países que actualmente integran la AGA en el mundo, 15 pertenecen a la región.
