En
una reflexión anterior de este blog sobre “Prospectiva, política y la ciencia
de gobierno” señalaba que “la incursión en prospectiva debe
reconocer la necesaria imbricación entre política -entendida como el ejercicio
del poder de quienes están en el gobierno o de aquellos que aspiran a estarlo-
y las políticas públicas. El ejercicio de la política sin políticas públicas
es, principalmente, demagogia y, a contrario sensu, políticas públicas sin
política es un ejercicio tecnocrático. Dentro del gobierno no se puede olvidar
la política y fuera del gobierno no se pueden olvidar las políticas públicas".
Por
estos días la población nacional asiste a una avalancha de información sobre
asuntos que comprometen el funcionamiento del país. Abarcan la esfera pública en su interacción con el sector privado (PENTA, SQM y CAVAL) y
la relación entre la naturaleza y la sociedad (aluviones en el norte). Y
ciertamente requieren la conjunción de la política con la política pública. En
un posteo anterior, también hice referencia
a las dificultades que enfrentan
los lideres para pensar el futuro bajo las presiones de un presente demasiado
agobiante: “el líder no es el
único que cae en la falta de visión prospectiva. Para incorporar la visión de
futuro en la gestión pública debemos cambiar colectivamente nuestra forma de
pensar y hacer política. Como antes señalara, soy de los que postulo que la
prospectiva es una versión moderna de planificación ya que ésta no es otra cosa
que el intento del hombre por gobernar su futuro, por imponer la razón humana
sobre las circunstancias. Y en esto, la planificación y la organización
institucional del país están en deuda”. Se
eliminó el Ministerio de Planificación y se cree que basta con un Ministerio de
Hacienda que ordene la gestión pública mediante la elaboración y ejecución del
presupuesto nacional.
En
el contexto anterior, parece oportuno difundir algunos trabajos sobre
gestión pública en un país que cada ciertos años se ve conmocionado por
problemas de dolo o corrupción. El país no reacciona adecuadamente ni
tampoco anticipa escenarios de futuro como se deriva de las recomendaciones de los estudios que se
reseñan a continuación.
Nuria
Cunill en varios trabajos analiza la gestión pública señalando que las reformas no descansan en la ética de lo
público sino en un conjunto de normas y procedimientos que velan por el
cumplimiento de objetivos. Esto conduce a que se cumplan objetivos de
desempeño que no se traducen en resultados y que tampoco la ética regule la
actuación pública y privada[1]. En
otro trabajo llega a la siguiente conclusión y propuesta: “que la democratización
de la administración pública significa convertir a la ciudadanía en un sujeto
directo de su control: esta es nuestra primera tesis. La segunda es que la
democracia en la administración pública es una solución válida sólo si no
atenta contra la eficiencia del desempeño gubernamental".[2] O sea, combinar transparencia con eficiencia.
Por
su parte Alfredo Rehren,
en un análisis sobre transparencia en los gobiernos de la Concertación, plantea que “la agenda sobre ésta que se desarrolla durante los gobiernos de la Concertación en los noventa intenta responder a los desafíos planteados a la democracia chilena por la aparición de un nuevo fenómeno: la corrupción”. Y agrega que “ante los escándalos de corrupción cada administración reacciona, como en una crisis de contingencia, con la creación de una comisión ad hoc cuyo objetivo principal es recomendar a nivel presidencial distintas medidas a implementarse; o negociar con la oposición política, como es en el caso de Lagos, un amplio acuerdo concordando una política de transparencia. En ambos casos se generan iniciativas legislativas que se traducen en proyectos de ley del Ejecutivo y algunas mociones, que incluyen distintos componentes destinados a controlar la corrupción.” Tempranamente advierte que “el financiamiento público de las elecciones no necesariamente disminuye la corrupción. Por el contrario, puede proveer de un piso seguro para partidos y candidatos, sobre el cual siempre es posible adicionar recursos ilícitos e ilegítimos, difíciles de controlar, que aumentarían la corrupción” [3].
en un análisis sobre transparencia en los gobiernos de la Concertación, plantea que “la agenda sobre ésta que se desarrolla durante los gobiernos de la Concertación en los noventa intenta responder a los desafíos planteados a la democracia chilena por la aparición de un nuevo fenómeno: la corrupción”. Y agrega que “ante los escándalos de corrupción cada administración reacciona, como en una crisis de contingencia, con la creación de una comisión ad hoc cuyo objetivo principal es recomendar a nivel presidencial distintas medidas a implementarse; o negociar con la oposición política, como es en el caso de Lagos, un amplio acuerdo concordando una política de transparencia. En ambos casos se generan iniciativas legislativas que se traducen en proyectos de ley del Ejecutivo y algunas mociones, que incluyen distintos componentes destinados a controlar la corrupción.” Tempranamente advierte que “el financiamiento público de las elecciones no necesariamente disminuye la corrupción. Por el contrario, puede proveer de un piso seguro para partidos y candidatos, sobre el cual siempre es posible adicionar recursos ilícitos e ilegítimos, difíciles de controlar, que aumentarían la corrupción” [3].
Enrique
Rajevic analiza también esta temática y concluye que “si miramos el estado de
las cosas en 2008 y en 1990 los avances han sido enormes. Pero en la lucha
contra la corrupción se avanza o se retrocede: no hay medias tintas ni empates.
Sin caer en alarmismos es preciso rescatar el sentido transversal y permanente
de este problema como un tema de Estado. Es muy probable que en el futuro la
probidad y la reforma del Estado sigan moviéndose a golpe de crisis. Al menos podríamos
proponernos que la comunidad académica y los centros de estudios tienen propuestas serias y viables que sirvan de
antecedente cuando una nueva ola en el horizonte nos indique que avanzaremos
unas brazas más en este camino"[4]. En
este mismo tenor, un reciente numero de la revista Política, del Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, analiza, entre otros temas de interés la relación entre dinero y política[5]. Se destaca en esta reflexión el estudio de Bastián González sobre la elección directa
de los consejeros regionales en el 2013 que concluye: “los análisis
estadísticos y el análisis descriptivo evidencian la importancia del gasto
electoral. La relación entre dinero y política es compleja y llena de claroscuros.
Los hallazgos relacionados con el importante efecto del gasto electoral sobre
la elección de consejeros regionales 2013 no sólo dan cuenta de una posible estrategia
de reproducción social basada en una reconversión de capital económico en capital
político, sino que también de una cuestión delicada donde distintos campos se
sobreponen y donde la esfera política y empresarial se entremezclan dando pie a
potenciales conflictos de interés, lobby no regulado y posibles casos de corrupción.
Por otra parte, que el gasto en campañas sea un factor tan relevante da cuenta
de un obstáculo importante para que cualquier ciudadano se convierta en
consejero regional. En definitiva, el cargo sigue en la órbita casi exclusiva
de las esferas partidistas como un peldaño más en la jerarquía de la carrera
política chilena. En este sentido, la dimensión electoral no ha potenciado la
participación ciudadana o la inclusión de nuevos actores u outsiders en el
sistema, sino que sólo ha implicado la apertura de una nueva arena electoral en
la cual la posesión de capital económico –o la posibilidad de conseguirlo con
facilidad– tiende a asegurar el triunfo. Lo preocupante de esta situación es
que con la adopción del voto voluntario el año 2012, la participación electoral
se tiende a asociar con más fuerza a un sesgo de clase, lo que sumado a las
evidencias de esta investigación sugiere que en Chile se configura una especie
de democracia censitaria, en la cual eligen y son elegidos quienes poseen mayor
capital económico"[6].
Chile
es un país marcado por la desconfianza. Ello provoca ineficiencias en el sector
público y descoordinación. Este es uno de los temas analizados por Vignolo, Ramírez
Alujas y Vergara del Río que plantean: “No es lo mismo hacer gestión pública en
culturas donde la confianza es el sentido común que en otras en que reina la desconfianza,
como la chilena. Las implicancias de estos paradigmas en las prácticas sociales
son enormes, y esto debe ser considerado en el diseño institucional y en los
modelos de gestión. No es lo mismo alcanzar la igualdad de oportunidades en una
cultura efectivamente meritocrática que en Chile, país marcadamente oligarca y
clasista"[7]. Y
ahora con la actuación de algunas empresas del sector privado la situación es
peor. Como se dijo acertadamente el país
observa con estupor como el poder y no la educación permite ascender en la
escala social.
Pero
ahora el país tiene una oportunidad. A
este respecto, Carlos Ominami sitúa la situación del país en los siguientes
términos: “Vivimos días muy difíciles para la política; los más duros desde que
se inauguró la transición. Con los casos Penta, SQM y en un plano muy
distinto, Caval, se desató un vendaval que amenaza con llevarse todo lo que
encuentra en su camino. Muchos se declaran hoy consternados. El conjunto de la
clase política está puesta en el banquillo de los acusados. Como ocurre con los
huracanes, honestos y rufianes, pillos e ingenuos, decentes e indecentes
terminan todos en el barro”. Y continúa: "bien canalizada, la reacción ciudadana es saludable. Más aún, puede ser la
energía que obligue al sistema a adecuarse a estándares cada vez más exigentes.
Esta es una necesidad urgente de la política si queremos detener un proceso de
desprestigio que peligrosamente erosiona la democracia que tanto costó
recuperar. Hay que salir jugando como se diría en jerga
futbolística"[8].
Esperemos
que las propuestas del Consejo Anticorrupción
y las siguientes medidas a tomar por el gobierno y el congreso devuelvan
la confianza perdida. Más que gérmenes de cambio, el país enfrenta procesos de
ruptura en la gestión pública no siendo posible seguir haciendo lo que se hacía
anteriormente. En este argumento, la prospectiva
nos enseña que para evitar las crisis y no sufrirlas hay que anticiparse a los
problemas. Y ello solo se puede hacer si se explora el futuro. Para salir de las contradicciones hay que
aprender a convivir con la complejidad y la incertidumbre, prospectar campos de
innovación, distinguir lo urgente de lo importante, reinventar nuevas formas de
vivir e imaginar nuevos paradigmas y nuevas formas de expresión política. A esto, sin duda, contribuirá la prospectiva.
[1] Véase al
respecto Cunill Nuria, "¿Qué ha pasado
con lo público en los últimos 30 años? Balance y perspectivas” http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/052-febrero-2012/bfque-ha-pasado-con-lo-publico-en-los-ultimos-30-anos-balance-y-perspectivas
[2] Cunill Nuria. "LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOS MITOS A VENCER". http://xa.yimg.com/kq/groups/23942992/2143444463/name/m_gestion_publica_cunill.pdf.
[3] Rehren
Alfredo. "La evolución de la agenda de transparencia en los gobiernos de la
concertación". Instituto Ciencia Política UC. Mayo 2008 http://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/123456789/1516/504459.pdf?sequence=1
[4] Rajevic Mosler Enrique. "Las agendas de
probidad de los gobiernos de la Concertación: entre la realidad y el deseo". http://www.derecho.uahurtado.cl/documentos/Cap.%20Rajevic.pdf
[6] Bastián González-Bustamante. "Elección
directa de consejeros regionales 2013. Rendimiento del capital político,
familiar y económico en una nueva arena electoral en Chile". Política / Revista
de Ciencia Política
Vol. 52, Nº 2, 2014 / pp. 49-91 ISSN 0716-1077 http://www.revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/viewFile/36137/37822
[7] Ver
Vignolo, Ramírez Alujas y Vergara del Río. "ÁNGELES Y DEMONIOS EN LA GESTIÓN
PÚBLICA
CHILENA. Una aproximación post-racionalista y
post-romántica a la innovación en el sector público".
[8] Ominami Carlos. "Salir jugando. Elevar los
estándares de probidad es una necesidad de la política si queremos detener un
proceso de desprestigio que erosiona la democracia". La Tercera 20 marzo 2015: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2015/03/895-621693-9-salir-jugando.shtml
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